👶Derecho a la Vida, Supervivencia y Desarrollo.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 6, reconoce que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, y que los Estados deben garantizar su supervivencia y desarrollo en las mejores condiciones posibles. Este derecho se encuentra reflejado en el artículo 45 de la Constitución ecuatoriana, donde se garantiza a niños y niñas el derecho a la vida, integridad física, salud, educación, cultura, y recreación, como parte de un desarrollo integral. Por su parte, la LOEI, en los artículos 40 y 41, asegura el acceso de los niños menores de cinco años a una educación inicial que promueva su desarrollo físico, cognitivo y emocional desde los primeros años de vida, así como complementar con programas de protección, salud y nutrición.
En la misma línea, el Código de la Niñez y Adolescencia establece en sus artículos 20, y 1- 2 del Capítulo I (DERECHO DE ALIMENTOS) que el Estado debe adoptar medidas que aseguren condiciones de vida dignas, seguras y saludables que garanticen la existencia, crecimiento y bienestar de cada niño.
López (2021) señala que, las políticas públicas en el Ecuador se diseñan y ejecutan en el marco de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, orientado a garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. A través de planes nacionales de desarrollo, estas políticas buscan coordinar la acción interinstitucional del sector público, respaldada por el sector privado y la participación ciudadana. Su propósito es abordar problemas prioritarios, formulando, ejecutando, evaluando y controlando acciones que favorezcan especialmente a los grupos de atención prioritaria. Este enfoque refuerza la responsabilidad del Estado en la protección y promoción de los derechos, consolidándolos como garantías constitucionales efectivas.
La educación juega un papel de suma importancia en este contexto, ya que no solo fomenta el desarrollo integral de los niños, sino que también contribuye a reducir las desigualdades socioeconómicas. En la actualidad programas nacionales refuerzan este compromiso, asegurando que todos los niños tengan acceso a oportunidades que les permitan vivir con dignidad y desarrollarse plenamente.
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La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 6, reconoce que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, y que los Estados deben garantizar su supervivencia y desarrollo en las mejores condiciones posibles. Este derecho se encuentra reflejado en el artículo 45 de la Constitución ecuatoriana, donde se garantiza a niños y niñas el derecho a la vida, integridad física, salud, educación, cultura, y recreación, como parte de un desarrollo integral. Por su parte, la LOEI, en los artículos 40 y 41, asegura el acceso de los niños menores de cinco años a una educación inicial que promueva su desarrollo físico, cognitivo y emocional desde los primeros años de vida, así como complementar con programas de protección, salud y nutrición.
En la misma línea, el Código de la Niñez y Adolescencia establece en sus artículos 20, y 1- 2 del Capítulo I (DERECHO DE ALIMENTOS) que el Estado debe adoptar medidas que aseguren condiciones de vida dignas, seguras y saludables que garanticen la existencia, crecimiento y bienestar de cada niño.
López (2021) señala que, las políticas públicas en el Ecuador se diseñan y ejecutan en el marco de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, orientado a garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. A través de planes nacionales de desarrollo, estas políticas buscan coordinar la acción interinstitucional del sector público, respaldada por el sector privado y la participación ciudadana. Su propósito es abordar problemas prioritarios, formulando, ejecutando, evaluando y controlando acciones que favorezcan especialmente a los grupos de atención prioritaria. Este enfoque refuerza la responsabilidad del Estado en la protección y promoción de los derechos, consolidándolos como garantías constitucionales efectivas.
La educación juega un papel de suma importancia en este contexto, ya que no solo fomenta el desarrollo integral de los niños, sino que también contribuye a reducir las desigualdades socioeconómicas. En la actualidad programas nacionales refuerzan este compromiso, asegurando que todos los niños tengan acceso a oportunidades que les permitan vivir con dignidad y desarrollarse plenamente.
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